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domingo, agosto 07, 2011

LA UPB: EN CAMINO DE DEJAR DE SER UNIVERSIDAD PARA CONVERTIRSE EN SEMINARIO CONCILIAR

Ante los graves hechos ocurridos esta semana en la Universidad Pontificia Bolivariana, no puedo dejar de pronunciarme al respecto pues siento que tengo el deber de hacerlo en mi doble calidad de egresado del bachillerato y de la especialización de derecho administrativo y de profesor que he sido de ella.

Como se ha dado a conocer ampliamente en los últimos días, el Rector de la Universidad, Monseñor Luis Fernando Rodríguez, ordenó cancelar el evento que venía organizando la Facultad de Derecho para celebrar sus 75 años de fundación, al cual se había invitado a un selecto grupo de conferencistas, entre ellos al alemán Robert Alexy.

La cancelación del evento se hizo so pretexto de que 5 académicos invitados “han tenido posturas radicales públicas en contra de las orientaciones del Magisterio de la Iglesia respecto a la defensa de la vida humana en todas las etapas de su desarrollo” pues al parecer han tenido posiciones en pro del aborto. Vale la pena destacar que el evento programado no tenía previsto realizar discusiones sobre el aborto dentro de su temario.

Como consecuencia de lo anterior, la decana Maria Cristina Gómez se vio obligada a renunciar de su cargo no sin antes dejar constancia de la incompatibilidad entre sus principios con la posición asumida por la Rectoría.

Se ha conocido también que semanas atrás el rector, mediante carta del 13 de abril de 2011, había vetado una investigación realizada por los egresados de la Especialización en Derecho de Familia en la cual el tema era “Perspectivas de género en el Derecho de Familia” pues este trabajo se ocupaba de aspectos relacionados con los derechos de las parejas homosexuales a conformar un matrimonio o a adoptar.

La cancelación del evento conmemorativo de los 75 años no constituye un hecho aislado sino que marca una tendencia iniciada con la proscripción de la investigación mencionada.

Este tipo de actitudes resultan abiertamente ilegales pues en Colombia constituye un mandato legal contenido en el artículo 4 de la ley 30 de 1992, que la Educación Superior, busque despertar “en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en cuenta la universalidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales existentes en el país. Por ello, la Educación Superior se desarrollará en un marco de libertades de enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de cátedra”.

Este mandato legal es exigible a todas las instituciones de educación superior, confesionales o laicas, y del cumplimiento del mismo no pueden excusarse ni las universidades privadas ni las universidades públicas y ni siquiera puede desconocerlo la Iglesia, so pretexto de proteger “las orientaciones del Magisterio de la Iglesia”.

Ante el debate que se ha abierto frente a este tema, he escuchado argumentos tendientes a defender la posición del Sr. Rector en los que se dice que quienes ingresan a una universidad católica deben asumir el compromiso de respetar sus principios y justifican de esta manera los límites que los directivos quieran imponer a la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra.


Esta posición es inaceptable pues la premisa de la cual debe partirse es la contraria pues si la Iglesia decide fundar y dirigir una institución universitaria, es ella la que debe adaptar su mentalidad para someterse al marco legal colombiano y por tanto, a pesar de sus orientaciones doctrinales, tiene el deber jurídico de garantizar que la educación impartida se desarrolle “en un marco de libertades de enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de cátedra”.

No es entonces el estudiante o el profesor quien debe renunciar o abjurar de sus principios por haber ingresado a una universidad católica; al contrario, es la Iglesia, cuando decide tener en funcionamiento una universidad, quien tiene el deber jurídico de renunciar a ejercer el dogmatismo en el ámbito universitario para garantizar que la educación superior se desarrolle en el marco de las libertades antes mencionadas, sin perjuicio de que defienda sus orientaciones en los templos, seminarios, curias, etc., es decir, en los ámbitos estrictamente eclesiásticos .

Es así que ni las universidades confesionales ni las universidades laicas so pretexto de defender las orientaciones religiosas o políticas, ya sean liberales, conservadoras, marxistas, etc., pueden permitir que en su interior se formen cuerpos de censores que ejerzan vigilancia sobre la actividad académica para denunciar ante los directivos las posiciones de los profesores o estudiantes que vayan en contra de la doctrina de las directivas o para evitar que personas que han expuesto posiciones contrarias a dichas orientaciones se acerquen a la institución, así ni si quiera tengan previsto hablar de esos temas.

Aparte del aspecto legal antes mencionado, resulta absurdo el afán del Sr. Rector de intentar proteger sus estudiantes de un posible contagio de ideas contrarias a la doctrina de la Iglesia, contagio que se produciría no sólo por la exposición de las mismas sino por la sola presencia de las personas que las pregonen, así ni siquiera hablen de ellas.

Para mi resulta claro que la única causa para impedir que se expresen las ideas contrarias a las “Orientaciones del Magisterio de la Iglesia” o que incluso se impida la presencia de personas que han defendido posturas contrarias a ellas (así ni siquiera tenga previsto exponerlas), es la conciencia de la debilidad de las propias ideas pues estas no resistirían el más mínimo debate o incluso tambalearían con la sola presencia de sus contradictores.

Insisto entonces que en Colombia, bajo el régimen de la ley 30 de 1992, no son los docentes y los estudiantes los que tienen que adaptar su pensamiento a la forma de pensar de los dueños de las universidades: son éstos quienes tienen que adaptar su forma de actuar y sus orientaciones a los mandatos legales que ordenan el respeto de las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, así eso implique abrir la posibilidad de que se cuestionen las propias ideas de los directivos.

Como profesor que he sido de la UPB tengo que decir que hasta el momento había sentido la tranquilidad de dar mis clases en las distintas áreas del derecho administrativo a las cuales he sido invitado, sin tener el temor de que alguien ordenara grabar mis clases para verificar si estoy exponiendo alguna idea contraria a las “Orientaciones del Magisterio de la Iglesia” o que algún espontáneo censor le lleve al Sr. Rector la noticia de que he tenido pronunciamientos de apoyo a la sentencia que permitió el aborto en circunstancias especiales, o que me mostré inclinado a que se reconocieran derechos a favor de las parejas homosexuales o que incluso he aceptado el uso de métodos de anticoncepción y peor aun, que los he practicado. Si las cosas siguen como están, es posible incluso que como consecuencia de esta confesión pública se ordene que sea excluido del próximo diplomado de contratación estatal o de la especialización de derecho médico o en la derecho administrativo en el convenio con la Universidad de San Buenaventura en Cali, pues podría convertirme en un mal ejemplo para los estudiantes.

Lamento finalmente que estas decisiones, que son abiertamente contrarias a las normas que rigen el funcionamiento de la educación superior en Colombia, hayan puesto en entredicho a la Universidad ante el país y el mundo, y no exagero cuando me refiero al mundo pues el debate se salió del marco de nuestras fronteras.


Incluso en el sitio web del Ministerio de Educación se registró esta noticia lo que significa que ante los entes gubernamentales existe preocupación por el manejo que se le dio a estas situación.

Espero que se corrija el rumbo pues si se continúa por esta vía, la Universidad Pontificia Bolivariana terminará pareciéndose más a un Seminario conciliar que a una Universidad moderna.

Recomiendo finalmente la lectura de estos artículos:

Universidad y Tolerancia” del profesor Mauricio García Villegas publicado en El Espectador.

Nuevo esperpento académico: el rectorado de la upb cancela el nombramiento de robert alexy como doctor honoris causa publicado en el blog Duralex de Garciamado, catedrático español.